De mafiosos, vendidos y cagones

Tras el fiasco del jueves pasado, por fin se celebró un pleno que ha estado repleto de público y con un calor sofocante.

Por si alguien tenía dudas sobre el pacto encubierto con el PP, hoy han quedado despejadas por completo al abstenerse sus tres concejales ante la propuesta de ampliación de liberados. Total, que el día 11 de julio querían rebaja de un 20% en sueldos y liberados sólo a dedicación parcial y de pronto han tragado con tener uno más a media jornada y otro al 80%. Mensaje: con tal de gobernar Mancomunidad los vecinos de Algarrobo pasan a un segundo plano y nos bajamos los pantalones hasta los tobillos. Y esto es sólo el principio por mucho que el concejal con las banderas de España y los EE.UU. bordadas intente justificarlo. 

A su vez, nuestra regidora cuenta que su sueldo es muy bajo y ganaría más de profesora de matemáticas. Aprobó las oposiciones y nadie se ha enterado o nos quiere tomar por tontos?

Pero lo mejor estaba por llegar. La nº 1 del PP preguntó (ya era hora) por el polémico reparto de alimentos en jornada de reflexión y... sorpresa!!... la alcaldesa reconoció su participación justificando que había unos güiris que obtuvieron fondos y llevaban mucho tiempo insistiendo en repartir los alimentos comprados con ese dinero. Así que, inocente ella, se le ocurrió acompañarlos ese día porque, casualmente, lo tenía libre.

Es una confesión grabada, por lo que insto a la oposición, en caso de considerarse como tal, que ponga este hecho en conocimiento de la Junta Electoral de Zona. La grabación está ahí, y si acudimos a la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General hay una presunta vulneración de, al menos, dos artículos de la misma (redacción según Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero):

Artículo 144. Delitos en materia de propaganda electoral.

1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o la de multa de seis a veinticuatro meses quienes lleven acabo alguno de los actos siguientes:

a. Realizar actos de propagando una vez finalizado el plazo de la campaña electoral.  

Artículo 146. 

1. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses:

a. Quienes por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención.

2. Los funcionarios públicos que usen de sus competencias para algunos de los fines señalados en este artículo incurrirán en las penas señaladas en el número anterior y, además, en la inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años.

Esto es completamente indignante, pero lo será más aún si quienes deben realizar tareas de control sobre el equipo de gobierno se quedan de brazos cruzados. Aunque tal y como actuaron con el asunto de la estafa taurina y con todas las pruebas a su favor nada me resulta extraño a estas alturas y le van a dar la razón al portavoz del PA cuando dice que son los que más cobran por hora de nula productividad.